Refugio Gandoca-Manzanillo define nuevos límites entre bosque y comunidad

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  • Zona protege humedales RAMSAR de importancia internacional
  • Caso se había llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010.

La Sala Constitucional estableció que 188 hectáreas de bosques volverán a formar parte del área protegida del Refugio Mixto Gandoca-Manzanillo (REGAMA). En el voto de mayoría número 2019-12745, este miércoles 10 de julio, los magistrados acogieron la acción presentada por la Asociación de Desarrollo para la Ecología en 2014.

Dicha acción, se había presentado contra la Ley 9223, “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, que establecía nuevos límites al Refugio de Vida Silvestre con el fin de lograr un reconocimiento de los derechos de los habitantes de los pueblos aledaños a la zona protegida.

Esta resolución enmarca una discusión que inició años atrás, la cual ha involucrado a las comunidades y al Estado, con el fin de buscar este equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y la participación comunal.

Entre paisajes y cultura local

La belleza escénica de Manzanillo atrae a turistas nacionales e internacionales.

Al caminar por el refugio, es fácil notar como algunas viviendas se mezclan con el paisaje natural. Asimismo, los árboles de cacao que se entremezclan con la vegetación, dan testimonio del paso de pobladores que cultivaban esta fruta para subsistir.

Bajo uno de los cacaotales, José Masis, Coordinador del Refugio recordaba la presencia de las comunidades desde antes de la creación del REGAMA. “El refugio se crea en 1985 y establece 2 decretos, donde se crea un refugio de la categoría mixta, donde convive la propiedad privada junto con la propiedad estatal y que deja por fuera a las comunidades aledañas al refugio”.

Sin embargo, Masis explicó que al momento de crear los planos del territorio, por error se incluyeron áreas que no debieron de ser incluidas, tales como las comunidades de Cocles, Manzanillo, Punta Uva, entre otras.

“En 2011 hay un pronunciamiento de la Procuraduría que nos dice que toda la zona marítimo terrestre que se encuentra alrededor de un área silvestre protegida por definición es patrimonio natural del estado entonces no podría haber gente viviendo acá, sin importar sus 200 o 300 años de historia de las comunidades acá documentadas” explicó el funcionario.

Y es que dentro del territorio cuenta con gran riqueza en materia de biodiversidad hay arrecifes coralinos, pastos marinos, playas, manglares, pantanos, lagunas y otros tipos de humedales. Inclusive, su humedal  cuenta con declaratoria de importancia internacional (RAMSAR).

Para el 2014 se publicó en la Gaceta la Ley No. 9223, Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur. Esta ley quitaba 406 hectáreas al territorio que tenía el refugio de acuerdo con los planos iniciales.

Esto despertó el debate entre diferentes grupos ciudadanos, tanto a favor como en contra de este cambio en el área de protección.

Entre lo local y lo turístico

Uno de los movimientos que se pronunció sobre el tema es Earth Stewards of the Caribbean: “Nuestra posición es una absoluta oposición a esta nefasta Ley 9223, la cual fue creada con la única finalidad de darle paso al desarrollo turístico hotelero de la Zona Marítimo Terrestre del Refugio Gandoca Manzanillo. Esta Ley viene a culminar con los intentos de estos empresarios por liberar el Refugio para así poder explotarlos turísticamente” explicaron.

En febrero se realizó la audiencia previa al fallo de la Sala Constitucional. Foto tomada de Facebook

Cabe resaltar que, aunque en la actualidad en la zona se encuentran comercios locales y cabinas para los visitantes, no siempre fue así. En la zona de Punta Uva existía el Hotel Las Palmas, el cual fue finalmente demolido, luego de 18 años de litigio, por ubicarse en la zona protegida.

La organización ambientalista asegura que el Refugio ha venido siendo invadido en los últimos años. Indican que existen gran cantidad de construcciones ilegales dentro de la zona marítima terrestre y en especial dentro de los 50 metros públicos.

188 hectáreas para REGAMA

En medio de este contexto, los magistrados acogieron la acción únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, lo que corresponde a 188 hectáreas. Esto  de acuerdo a lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes presentados para este caso.

“La Sala Constitucional hace un equilibrio entre la protección de ambiente y una problemática social que viene desde hace décadas, de forma tal que se garantiza el derecho a las personas que se encuentran en las zonas urbanas, pero por el otro lado, se protege al medio ambiente al declarar inconstitucional la falta de estudios técnicos de 188 hectáreas que están en la zona boscosa”, manifestó el presidente a.i. del Tribunal, Fernando Castillo.

Es decir, la ley deja de tener efecto solamente para aquellos territorios comprendidos en la zona boscosa de 188 hectáreas, esa delimitación se realizará técnica y jurídicamente por la Procuraduría y el Sinac en un plazo de 12 meses.

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